Estamos hartos de oír a nuestros
políticos autonómicos y municipales responder con un: “es una asunto solo entre
la empresa y sus trabajadores, nosotros no podemos hacer nada”, ante los
numerosos conflictos laborales existentes en los Servicios Públicos adjudicados
a empresas privadas.
Los últimos más conocidos son en
los servicios de limpieza del Parque Madrid Río y el servicio de recogida del papel
y cartón en la Capital. Pero lo hemos visto en la limpieza de hospitales públicos,
el transporte público por carretera, la lavandería privatizada de los
hospitales de Madrid, limpieza viaria, etc.
Estos conflictos tienen su origen
en la fórmula mágica: 1º privatizas el servicio público adjudicando la gestión
a una empresa privada. 2º del presupuesto destinado para el servicio hay que
costear el salario de los trabajadores y trabajadoras, los gastos de material
y/o maquinaria, la inversión para reponer bienes de equipo, y ahora además el
margen empresarial de beneficio limpio para la empresa adjudicataria. 3º Como
hay menos presupuesto público y el margen de la empresa debe mantenerse se saca
de los puestos de trabajo, los salarios y la ausencia de inversión. Consecuencia:
despidos, menores salarios y una nefasta calidad del servicio.
A esto añadimos las cantidades
que hemos sabido ahora se destinaban a financiar las tramas de corrupción entre
empresarios y políticos.
Cuando toca renovar el contrato
de adjudicación de la empresa, se convoca con aún menor presupuesto para sacar
pecho del austericidio, y se agudiza la fórmula con el mismo resultado,
salarios indignos que mantienen en la pobreza a las personas y servicios peores
y más deteriorados.
Y aún tenemos que aguantar explicaciones
como: La iniciativa privada en los servicios públicos garantizan las
inversiones, la competitividad mejora el servicio y ahorra costes.
Afirmamos que esos políticos sin
ética ni pudor, que después de privatizar o mantener privatizado un servicio,
dicen que ante una huelga no pueden hacer nada, no solo demuestran su talla
moral, sino que están incumpliendo la ley y eludiendo sus responsabilidades
como administradores de lo público.
Por que incumplen la ley, por que
el servicio es público, ellos lo han adjudicado, deben velar por su
funcionamiento, son responsables a nivel de salud y prevención en el trabajo, etc.,
etc., etc.
Tanto que encumbran a la empresa privada, que les pasaría a los
directivos de SEAT España si ante una huelga en la industria auxiliar del automóvil
que paralizara sus plantas, su respuesta fuera “es un asunto ajeno a nuestra
empresa SEAT”. El señor o señora Volkswagen de Alemania cesaría en el
desayuno de la primera jornada de huelga a los directivos de su filial
española.
No nos engañen mas, no solo
tienen la responsabilidad política, sino la legal. Nadie por menos dinero
trabaja mejor o gestiona un servicio con más calidad, es sencillamente mentira.
Lo que hacen es destrozar lo público y perjudicar a las personas que más necesitan los servicios públicos y a los
trabajadores y trabajadoras.
Por último, algunos de ustedes señoras
y señores políticos que no saben qué hacer ante los despidos de su empresa
adjudicataria, pueden tener la última
oportunidad de irse con dignidad dimitiendo, porque a partir de mayo de este
año 2015 no hará falta les echaremos con las urnas.
